Asesoría jurídica y contable buscando la correcta realización de procedimientos de fiscalización como visitas domiciliarias, revisiones de escritorio y revisiones de dictamen, tanto en materia fiscal como de comercio exterior.
Los procedimientos de comprobación de cumplimiento de obligaciones fiscales que endereza la autoridad hacendaria en contra de un contribuyente son de especial relevancia. En efecto, la práctica de una visita domiciliaria conlleva una serie de consecuencias que es recomendable prospectar desde una óptica jurídico-contable a fin de verificar que se efectúe en un marco de legalidad y seguridad jurídica para el gobernado.
No se puede dejar de considerar que la simple intromisión de un agente externo al domicilio fiscal de un particular, excepciona al principio Constitucionalmente consagrado de inviolabilidad del domicilio de un gobernado, de tal suerte que deba de cuidarse que tal caso extraordinario cumpla puntualmente con el orden jurídico que lo regula.
Adicionalmente, se han consignado por parte de nuestros órganos jurisdiccionales, entiéndase Poder Judicial de la Federación y Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un cúmulo de precedentes y tesis jurisprudenciales firmes que consignan formalidades y lineamientos de fondo que la autoridad impositiva se encuentra inexcusablemente obligada a cumplimentar cuando efectúa una auditoria y, para el caso de que no los observe, se hará acreedora a diversas sanciones e incluso a que se decrete la nulidad de todo el proceso de revisión. Evidentemente, la práctica de una revisión de escritorio o de dictamen, son procesos que también se encuentran sujetos al control de la ley fiscal, debiéndose observar exhaustivamente sus extremos.
En este orden de ideas, el Bufete Sánchez Soto. Abogados, S.C. configura la alternativa de seguridad de cumplimiento de la ley aplicable a los citados procedimientos de fiscalización, encontrándonos debidamente capacitados para instaurar los medios de defensa que en el caso y momento específico correspondan y que restituyan al contribuyente en el goce y ejercicio de los derechos que le fueron violentados por la autoridad fiscal. La garantía que ofrecemos en la prestación de estos servicios profesionales radica en el conocimiento profundo y probado del marco jurídico que en la materia regula el proceder de la autoridad tributaria. Esto constituye el punto de partida de cualquier consultoria o estrategia de defensa que instrumentemos.